Comentario bibliografico de: «Crónica de una muerte anunciada: reestructuración y ocaso de las cajas de ahorro españolas», Ana Belén Casares Marcos. Revista jurídica de Castilla y León, ISSN 1696-6759 Nº 25, 2011, págs. 219-290.

La crisis económica y los cambios normativos dados por el legislador como respuesta a la misma, han llevado a las Cajas de Ahorros a un punto de no retorno hacia su desaparición.

La autora afirma que la ambigüedad de la naturaleza jurídica de las Cajas es un aspecto clave, porque de esa naturaleza dependen el grado de intervención de los poderes públicos, la autonomía de la entidad y su dimensión social. A la falta de voluntad del legislador español para redactar una Ley general sobre Cajas, se suma la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, lejos de dar una respuesta, ha oscurecido aún más la delimitación de la naturaleza de las Cajas. Para CASARES MARCOS, ambos actores han insistido en negar la evidencia de que las Cajas se ajustan perfectamente a la categoría de «fundación-empresa».

Para la autora, la indefinición legal es premeditada y llega a hablar de «asalto de los poderes públicos a las Cajas». Los gobiernos siempre han estado muy cerca de las Cajas, es un rasgo que forma parte de su historia, pero, desde el inicio de la democracia, se ha producido una auténtica confusión entre el necesario tutelaje y la propiedad de las mismas.

La reacción del legislador a la crisis de 2008 se produce con el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. La norma supone un auténtico «menu a la carta» de formas organizativas e institucionales, que desembocan basicamente en la «bancarización» de las Cajas (entrada de capital privado) y en la consiguiente desaparación del modelo.

El marco impuesto por el Decreto 11/2010 y la experiencia vivida en los paises de nuestro entorno (sobre todo en Italia) presagian un escenario de fundaciones desprovistas de cualquier actividad empresarial y cuya participación en la entidad de crédito es cada vez menor.

Además de adaptar la organización de las Cajas a las distintas posibilidades abiertas, el Decreto también retoma las cuotas participativas como recurso fundamental para el fortalecimiento de los fondos propios e incide en la necesaria profesionalización (despolitización) de sus órganos de gobierno.