El déficit como excusa

Ningún directivo empresarial podría decir a su Consejo de Administración lo que ha dicho Rajoy a los españoles –“No se puede gastar lo que no se tiene” sin que le costara el puesto inmediatamente. Cualquier empresa tiene dos vías de financiación: los recursos propios (aportaciones de los accionistas o reservas) y los recursos ajenos (fundamentalmente préstamos bancarios y bonos). Un buen gestor nunca renunciaría a la financiación ajena, es decir, el endeudamiento, por una razón muy sencilla: el coste de un préstamo (su tipo de interés) siempre es menor que la retribución que el accionista pide por el dinero invertido (ROE). Esta es la base del concepto de apalancamiento: la financiación ajena aumenta la rentabilidad, el préstamo actúa como una “palanca” que crea valor para la empresa.

Con la administración pública ocurre algo parecido. Para financiarse tiene básicamente dos opciones: los impuestos de los ciudadanos (recursos propios) y la deuda pública (recursos ajenos). Para dar prevalencia a uno u otro hay que observar en qué momento del ciclo económico nos encontramos. Cuando las cosas van bien (fase expansiva del ciclo) los ingresos por impuestos son altos y el Gobierno puede financiar los servicios públicos fácilmente e incluso reducir la deuda del Estado. Cuando llega la crisis (fase de contracción del ciclo) la recaudación fiscal cae: las familias y las empresas ganan menos dinero y pagan menos impuestos. ¿Qué debe hacer el Gobierno cuando las arcas públicas están vacías? Endeudarse para garantizar la prestación de los servicios públicos. Esos servicios son el “retorno” que los ciudadanos reciben como contraprestación a sus impuestos y el Gobierno tiene que garantizarlos. La inversión pública como respuesta a la crisis es la base del Keynesianismo, una teoría económica que ha servido para construir el Estado del Bienestar en toda Europa.

Rajoy está haciendo justo lo contrario: dejar de invertir en plena crisis. Son muchas la voces que le han advertido del error: el FMI, varios premios Nobel e incluso Obama;  pero él sigue adelante, a pesar de que esta opción producirá más paro y más dolor. Rajoy explica su elección con un argumento simplista: no podemos gastar lo que no tenemos. Es fácil de explicar y fácil de entender, pero es falso. La economía de un país no funciona así. El equilibrio entre déficit y superávit presupuestario sólo debe analizarse en ciclos largos, paralelos a los ciclos económicos. Sin intención de reproducir el debate sobre el “déficit cero”, está claro que hay ocasiones en que el Estado debe endeudarse para seguir dando servicios y reactivar la economía. Porque, ¿qué pasa si el Gobierno deja de invertir en plena crisis?: que el Estado se hará más pequeño, prestará menos servicios, podrá atender a menos gente.

La derecha norteamericana, mucho menos hipócrita que la europea, no tiene problemas para explicar su línea política fundamental: menos Estado, menos funcionarios, menos servicios públicos. En Europa, sin embargo, la protección social no es una opción política porque el Estado del Bienestar es un rasgo configurador del concepto de ciudadanía, por eso la derecha tiene un discurso mucho más precavido, ambiguo y populista. Pero este es también el programa de Rajoy, porque un Estado pequeño necesita menos impuestos, lo cual beneficia directamente a las grandes empresas y las clases sociales a las que sirve oscuramente el PP.

George Lakoff

La lucha contra el déficit se ha convertido en la música siniestra que Rajoy ha puesto a nuestra crisis. El PP ha construido un “marco conceptual” o “marco mental” (al modo en que los definió George Lakoff), en torno a la idea de déficit cero. Rajoy sabe que las realidades se construyen a base de palabras, por eso ha elaborado un relato capaz de justificar cualquier recorte, no como solución, si no como consecuencia inevitable de la crisis: “no podemos pagarlo”. Antoni Gutíerrez-Rubí (@antoniogr) habla acertadamente de El Storytelling de Rajoy: “Rajoy ha creado un marco coherente, casi convincente: dónde estamos, por qué, qué hemos hecho, y… cómo vamos a salir de esta situación”.

Rajoy ha puesto “la música del déficit cero” para desmantelar el Estado del Bienestar. Naturalmente no creo que Rajoy se alegre de la situación que vive el país, pero las circunstancias se lo están poniendo muy fácil: con la excusa de la crisis y el marco mental de la lucha contra el déficit está desmontando nuestro sistema de protección social. Lo que se ha tardado décadas en construir puede destruirse en tres decretos.

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¿Qué es una Caja de Ahorros? (I)

Creo que la mayoría de la gente intuye que una Caja de Ahorros es una entidad muy especial. Y así es. Son muchas las peculiaridades que la distinguen de otras entidades; algunas son más evidentes y otras no tanto. En esta ocasión, vamos a esbozar las características principales relativas a su naturaleza jurídica:

Es una fundación. La naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros nunca ha estado muy clara. A falta de una definición legal (no existe una Ley que regule las Cajas de manera integral), sólo nos queda acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En ella, fundamentalmente en la STC 49/1988, encontramos sorprendentes contradicciones. El TC afirma que las Cajas no cumplen las características propias de la fundación (vinculación de los bienes a un fin determinado y fines principalmente benéfico-sociales) y, aunque admite que sólo podrían ser fundaciones porque no encajan en ninguna de las otras dos categorías que ofrece el artículo 35 del Código Civil para las personas jurídicas (asociaciones o corporaciones), también dice que las Cajas no pueden ser consideradas “fundaciones en el sentido que la doctrina generalmente admitida, y con ella el artículo 34 de la CE, da a este concepto”. Para intentar justificar tanta ambigüedad termina admitiendo que puedan ser fundaciones, aunque de “carácter muy peculiar”. Buena parte de la doctrina defiende que las Cajas de Ahorros encajan perfectamente en el modelo de las “fundaciones-empresa”.

Es una empresa. En este punto el Tribunal Constitucional vuelve a estar en contra de la doctrina que, de forma unánime, afirma el carácter empresarial de las Cajas de Ahorros. De hecho el Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente que las Cajas son “entidades de crédito” y este reconocimiento debería conducir directamente a la aplicación del derecho a la libertad de empresa que consagra el artículo 38 de la Constitución. Sin embargo, la célebre STC 49/1988 establece que a las Cajas no les es de aplicación el citado artículo 38 porque están “exentas de lucro mercantil” lo cual es, a juicio del tribunal, ajeno y excluyente del concepto tradicional de empresa.

Es una entidad privada, porque las fundaciones son personas jurídicas privadas. Según el Tribunal Constitucional, las Cajas serían “entes de carácter social”, un concepto que las situaría a medio camino entre los entes públicos y los privados. Según el TC son “un ejemplo de la interacción Estado-sociedad, propia del Estado Social; un ejemplo de la participación de la sociedad en los asuntos públicos”.

Es una entidad de crédito. En esto, no hay duda. Así lo recoge el R.D. Legislativo 1298/1986, que incluye expresamente a las Cajas de Ahorros entre las entidades de crédito y reconoce a todas ellas su condición de empresa. Lo que caracteriza a una “entidad de crédito” es la habilitación legal para realizar actividades de intermediación financiera. En este sentido, es importante recordar que desde 1977 (“decreto Fuentes Quintana”) existe una auténtica “equiparación operativa” entre Cajas y bancos, pudiendo ambos realizar exactamente las mismas operaciones.

Es una entidad sin ánimo de lucro. Puede parecer paradójico, pero tiene su explicación. Lo que distingue a una entidad sin ánimo de lucro no es el hecho de que no realice una actividad económica o de que no obtenga ingresos, sino el qué hace con el excedente obtenido. Lo que verdaderamente diferencia a una entidad sin ánimo de lucro es el hecho de que no reparta dividendos. “Las Cajas de ahorros no son de nadie” (STS 03.05.99), no tienen “dueños” a los que remunerar; su excedente empresarial sólo tiene dos destinos posibles: las reservas de la entidad y la Obra Benéfico Social. En definitiva, no se puede confundir el “fin” que, como fundación, sólo puede ser la persecución del interés general, con la “actividad” que, como cualquier empresa, es la obtención de beneficios en cada ejercicio económico.

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Lecciones de la CAM

Primera parte.- Lo sucedido con la CAM en los últimos años es una auténtica vergüenza para una sociedad democrática. La forma en que unos pocos se han servido de esta entidad, en su beneficio propio, es un expolio que no debe quedar impune y una lección que debemos aprender. En palabras del Gobernador del Banco de España, “lo peor de lo peor”.

La sonrojante manipulación de los poderes públicos y la errática estrategia de negocio basada en la especulación inmobiliaria, forman parte de la desgraciada mezcla explosiva que ha llevado al borde del colapso al sector de las Cajas de Ahorros.

Pero la CAM también ha tenido mala suerte. Además de tener que estar al servicio de la disparatada política de inversiones del gobierno de la Generalitat (Ciudad de las Artes, Ciudad de la Luz, Terra Mítica) y de haber apostado de forma recurrente por la hundida industria inmobiliaria, ha sufrido algunos de los gestores más sinvergüenzas que todos recordamos. Sueldos millonarios, pensiones vitalicias y despilfarros de todo tipo son la crónica de un oprobio que terminaremos pagando todos. Pueden verse más detalles en EL PAÍS.

Aquí está la factura: tras el suspenso en las pruebas de solvencia a la banca de la UE y después de que sus socios del “Banco Base” tuvieran que expulsarlos del SIP, la CAM fue intervenida por el Banco de España, mediante una participación en capital social de 2.800 millones de euros procedentes del FROB, en julio de 2011. Cinco meses después, el Fondo de Garantía de Depósitos adquiere el 100% del “Banco CAM”, la nueva entidad que agrupa el negocio financiero de la caja, a través de sucesivas ampliaciones de capital, por un importe total de 5.249 millones de euros. Tras estas operaciones, el Sabadell adquiere el banco por el precio simbólico de un euro. El presidente del Sabadell, Josep Oliu, declara que la operación le permite incorporar “una entidad previamente saneada y sin riesgos sustanciales adicionales”. Ya lo creo.

Segunda parte.- Los antecedentes de la CAM tienen 125 años de historia. Queda claro que su historia, como la de la mayoría de las Cajas españolas, no es sólo su historia reciente.

Como Caja de Ahorros, la CAM era una entidad sin ánimo de lucro, cuyos excedentes revertían de forma obligatoria en la sociedad. Durante décadas, la CAM fue un referente para las familias y a las PYME de su entorno. Contribuyó a la inclusión financiera de su territorio a través de mas de 1.000 oficinas y más de 7.000 empleados. Puso a disposición de sus clientes una oferta de productos y  condiciones muy distintas de los que ofrecia la banca comercial. Además, a pesar de sus directivos, en 2010 la CAM devolvió a la sociedad 26 millones de euros en Obra Social, a través de cientos de iniciativas de todo tipo, de las cuales se beneficiaron 4’5 millones de asistentes directos.

Tercera parte.- ¿Quién gana y quien pierde con todo esto? Las Cajas de Ahorros están sufriendo la crisis, como todos. Están pagando sus errores de gestión, como pocos. Y, lo que es peor, han dilapidado su posicionamiento comercial y su imagen pública, hasta convertirse en un ejemplo de lo indeseable. Un balance verdaderamente injusto, después de más de un siglo de servicio a la sociedad. Pierden, por tanto, las Cajas en su conjunto.

Pierden la sociedad y el Estado, que han tenido que aportar sumas millonarias, agotando prácticamente el Fondo de Garantía de Depósitos. Pierden los clientes de la CAM, que ven sus ahorros sumidos en la incertidumbre. Pierde su entorno territorial, que no volverá a beneficiarse de la inversión de su Obra Social. Pierden los empleados de la CAM, muchos de los cuales irán al paro con el cierre anunciado de las 300 oficinas, y el resto, que verá amenazada su estabilidad laboral y sus condiciones de trabajo.

Pero, ¿quien gana? De momento, el Banco Sabadell ha ganado una entidad saneada, al precio de 1 €. Y, un dato curioso: es la primera vez en la historia que un banco compra una Caja. Durante años, bancos y Cajas han sido competidores acérrimos, se repartían el mercado de depósitos al 50%. Durante todos esos años, la banca ha intentado por todos los medios debilitar a su competencia. Y, ahora, la crisis, le ha puesto en bandeja su objetivo. Las dificultades de las Cajas para reforzar sus fondos propios, sus errores de gestión y un incuestionable impulso político (recordemos las circunstancias en las Fainé sustituyó a Quintás al frente de la CECA) han terminado por poner a las Cajas al borde de la desaparición.

Puede que la historia reciente de la CAM responda al estereotipo de lo que muchos han querido ver en las Cajas de Ahorros, pero no olvidemos que esa imagen pública no ha sido casual, ha sido trabajada concienzudamente por aquellos que tenían mucho que ganar con ella.

Las Cajas transitan hacia su desaparición, a través del puente de plata que le tiende el FROB, entre el aplauso sordo de la banca. Una pérdida que lamentaremos pronto. Un hecho que no concuerda con la necesaria recuperación de la función social de la banca y, mucho menos, con la resucitada demanda de una banca pública. Una circunstancia que, en definitiva, reduce la competencia en el mercado del crédito, con el perjuicio que eso supone siempre para el consumidor. Al final, los bancos ganan: se han comido a su competencia.

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Algunos artículos en torno a la cumbre europea de Bruselas

El 9 de diciembre de 2011, la UE celebró en Bruselas una de las cumbres más importantes de los últimos años. La modificación de los Tratados, la supervivencia del euro o el desmarque de Reino Unido son sólo algunos de los temas que estaban en juego.

Durante los días previos a la cumbre tuvimos la oportunidad de leer, en prensa y en blogs, un buen número de artículos de gran valor. Algunos trataban expresamente el tema de la cumbre y otros trataban temas colaterales relacionados con lo que allí se discutió. Esto no pretende ser un resumen riguroso, es sólo una pequeña compilación de los que me resultaron más interesantes:

Vincenç Navarro (@VicencNavarro) nos dejó esta joya, titulada “El BCE, el lobby de la banca“. El BCE tiene prohibido comprar la deuda pública de los Estados miembros, justo la función principal que debe realizar un banco central. Lo que hace es vender dinero a los bancos privados al 1’25%, mientras estos compran la deuda pública de los Estados al 6-7%. Un negocio redondo, en el que el BCE actúa como un verdadero lobby de la banca. La deuda pública ha crecido porque a los Estados les resulta cara la financiación de los bancos, algo que no ocurre allí donde hay un banco central que compra esa deuda. Para aliviar esta tensión, el BCE ofreció a España (en carta secreta de Trichet) una compra de bonos públicos, a cambio de privatizaciones y recortes en salarios y protección social, que, supuestamente, nos harían mejorar nuestra competitividad y salir de la recesión.

Xavier Vidal-Folch nos dejó su análisis de la cumbre en “Se acabó el chantaje, se acabó la parálisis“. La cumbre de Bruselas ha sido el germen de una verdadera “unión económica”, que complete la “unión monetaria” iniciada, en 1999, con la creación del euro. Para ello ha tenido que prescindir del “lastre” que suponían UK y otros paises reacios. Hay que celebrar esta doble velocidad, que nos permitirá avanzar, sin temer el veto de un sólo socio.

En el blog Café Steiner (EL PAÍS), José Ignacio Torreblanca (@jitorreblanca), a partir de un artículo de Martin Wolf en el Financial Times, afirmó que “Merkozy se equivoca“. Algunos de los paises más afectados por la actual crisis mantuvieron excelentes datos de déficit y deuda pública durante la década anterior a la misma, por lo que estos parámetros no puden explicarla. Sin embargo, esos mismos paises tenían pésimos registros en relación con el déficit por cuenta corriente: se pongan como se pongan Merkel y Sarkozy, esta es una crisis de balanza de pagos. Los paises de la zona euro están obligados a compartir tipos de interés, pero partiendo de condiciones estructurales muy distintas. Como consecuencia, algunos paises pierden competitividad  y se ven obligados a incurrir en déficit y a aumentar su deuda.

Jordi Monserrat (@jordi_twit) nos dio su visión personal a cerca de “La lógica alemana“. La posisión alemana respecto al BCE y los eurobonos no está tan exenta de lógica: Aemania, y quienes se alinean con ella, desconfían de que determinados países realicen las reformas estructurales y los ajustes necesarios, si se les resuelven los problemas para obtener financiación barata por la vía del atajo.

El premio nobel de economía Joseph Stiglitz (@joestiglitz), en una entrevista, nos advirtió que “Más austeridad es un suicidio“. Los electores no han dado a Rajoy un mandato de austeridad, sino de cambio. Más austeridad llevará a España a más paro. “Las políticas que podrían ayudar a España son cambios significativos en gastos e impuestos. Si subes las tasas a los ricos y las bajas a los pobres y las clases medias, estimulas la economía. Los impuestos sobre las rentas ayudan a bajar el paro. Hay que bajar los tributos a las empresas que inviertan para crear nuevos puestos de trabajo, y subirlos a las que no invierten”. Stiglitz asegura que Rajoy tiene las manos atadas respecto a no poder aumentar el déficit, pero “subir impuestos y gastos no es incompatible con la austeridad, pero con más recortes el crecimiento y los ingresos del Estado disminuirán”.

Eduardo Garzón (@edugaresp) nos explicó ¿En qué consiste un “banco malo”?. Un activo tóxico es aquel cuyo valor de mercado es inferior al que figura en el balance y, por lo tanto, supone una pérdida potencial. Un banco malo es una institución pública que compra los activos tóxicos de los bancos, para que estos puedan sanear sus balances, mejorar su imagen pública y relanzar su actividad financiera. La compra se realizaría con dinero público y el precio podría oscilar, entre el que figura en el balance y el precio de mercado.

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¿Quien piensa en las Cajas?

(Publicado en el diario IDEAL de Granada, el 11 de septiembre de 2009)

Las Cajas de Ahorros son una parte fundamental del sistema financiero español.
Sobre la base de su total equiparación operativa con la banca (desde 1977), las Cajas
han ido conquistando una relevante posición en el mercado financiero que las ha
elevado al papel de auténticas protagonistas del mismo (54’6% de los depósitos en
mayo 2009, según la CECA).

Las Cajas no son empresas al uso; la peculiar composición de sus órganos de
gobierno, la reversión obligatoria de sus excedentes a la sociedad o la falta de
“propietarios” en sentido estricto son sólo algunos de los rasgos que demuestran que,
en las Cajas, su actividad es tan relevante como su identidad. Su reconocible avance
no se explica únicamente por su eficiencia empresarial, es sobre todo el éxito de un
determinado modelo de funcionamiento.

La “función social” de las Cajas de Ahorros es el elemento que justifica su existencia.
Las Cajas son un importante instrumento de desarrollo social y económico, cuya
vertiente más conocida es su Obra Benéfico-Social. Pero esta “función social” no se
agota aquí, sino que incluye toda una serie de ventajas (valor añadido) que las Cajas
aportan en el ejercicio de su actividad como entidades de crédito: la atención
preferente a las familias y a las PYME, la atención personalizada al cliente, su papel
limitador de la “exclusión financiera”, la oferta de productos o condiciones distintas a
las ofrecidas por la banca comercial, o la contribución al desarrollo de determinadas
políticas públicas (por ejemplo en materia de vivienda).

Las Cajas, sin embargo, tienen inoculado en su naturaleza jurídica su propio “pecado
original”: una arquitectura financiera que les avoca a capitalizarse sólo con recursos
propios. Las Cajas alcanzan sus objetivos porque no tienen que repartir dividendos, no
hay unas acciones que retribuir. Su excedente se reparte básicamente entre la
dotación de reservas y la realización de actividades de interés comunitario a través de
su Obra Social. Las Cajas no tienen “propietarios”, en sentido estricto.

Esto, que les da una enorme libertad para cumplir sus fines de interés social,
constituye un enorme inconveniente en momentos de dificultad. Si la cuenta de
resultados se resiente (en momentos de crisis, por una gestión inadecuada, etc) no es
posible acudir a la vía de financiación habitual en cualquier sociedad mercantil: la
captación de capital privado. De hecho, esta dificultad llevó a algunos gobiernos
europeos a modificar la naturaleza jurídica de sus Cajas, permitiendo la venta de
acciones o participaciones a inversores privados, con el previsible resultado de la
desaparición del modelo de Cajas en esos países (Gran Bretaña, Italia, Holanda, etc).

El mantenimiento de un nivel adecuado de recursos propios, la tentación de una mayor
intervención pública o la excesiva apertura al capital privado son sólo algunas de las
amenazas a que se enfrenta las Cajas de Ahorros. Las Cajas son, por lo tanto, un
modelo socialmente rentable, pero extremadamente delicado. Resulta paradójico que,
en este momento de inusual atención política y mediática al mundo de las Cajas, estos
temas no estén en la agenda.

La actitud del sector público con relación a las Cajas puede terminar dañando el
sector. Los fines de interés público a que atienden las Cajas no justifican la tensión
política a que están siendo sometidas. Las Cajas son entidades privadas: así lo
reconoce el Tribunal Constitucional. También así lo ha advertido la Unión Europea,
que amenazó con excluirlas del sistema bancario europeo si la representación del sector público en sus órganos de gobierno superaba el 50% (Directiva 2000/52/CE de
la Comisión, de 26 de julio de 2000).

A pesar de ello, gobiernos de todo cuño diseñan el futuro de “sus Cajas”, como si
fueran una extensión de su brazo burocrático. Y además apuestan, todos a una, por la
misma solución: las fusiones. Ya se sabe que la concentración del poder en pocos
actores es una idea muy propia de la lógica política.

El mercado, sin embargo, se mueve con otros parámetros. La rentabilidad es el criterio
a seguir: si crecer es rentable, se crece, y si no, no se crece. Con relación al tamaño
de las empresas, lo grande puede ser enemigo de lo bueno (con las fusiones mal
hechas no se crece, simplemente “se engorda”). Son decisiones que no pueden
tomarse exclusivamente desde el prisma de la política económica, sino que deben
partir del estudio de la situación de la entidad que aborda el proceso.

Observemos el caso de Andalucía. Si optamos por las fusiones, ¿cuál es el nivel
óptimo de concentración de nuestro mercado financiero? Andalucía tiene ya una larga
historia de fusiones. Sólo en los últimos 20 años hemos pasado de 14, a las 3 Cajas
actuales, para lo cual se han completado 8 procesos de fusión o absorción. Este es un
camino que otros comienzan a recorrer ahora: sólo en Aragón (1’3 millones ha.)
conviven todavía 4 Cajas, en Castilla León (2’6 millones ha.) otras 4. En Cataluña (7’5
millones ha.), por ejemplo, el Gobierno autonómico ha planteado pasar de las 10 Cajas
actuales a 3 grandes Cajas. ¿Cuántas Cajas de Ahorros “caben” en Andalucía?

No es cuestión de aritmética. Andalucía es una realidad plural. Su extensión y sus más
de ocho millones de habitantes han ido configurando una comunidad con indudables
referentes de su identidad colectiva, y con no menos numerosas ni evidentes
diferencias, que también la enriquecen y ayudan a definirla. Al contrario que en otras
Comunidades Autónomas, los impulsos políticos, administrativos, comerciales,
demográficos o culturales no se han ido articulando entorno a un único polo de
agregación; nuestra realidad diversa ha ido forjando un modelo de liderazgo
compartido, multifocal. Un modelo perfectamente exportable a nuestro mercado
financiero.

En un escenario como el actual, con tres grandes actores (Cajasol, Caja Granada y el
grupo Unicaja-Jaén-Cajasur), cada uno con una implantación geográfica diferente (no
concurrente), con un mercado propio consolidado y con un liderazgo territorial
repartido, ha llegado el momento de insistir en uno de los rasgos que han hecho
grande el modelo de Cajas de Ahorros: la cooperación.

Las fusiones no son el único camino. Existen múltiples formas de cooperación,
suficientemente ensayadas y cuyos resultados pueden ser tan buenos (y menos
arriesgados) que una fusión. Puede acudirse a un Sistema Integrado de Protección
(SIP) o “fusión virtual” (cada entidad mantiene su identidad y su soberanía, pero
integra costes y ratios de solvencia), establecerse alianzas puntuales para la
prestación de determinados servicios, estudiar una cierta especialización comercial
para cada entidad, o puede abundarse en la gestión a través de instituciones comunes
a todas ellas, como por otra parte ya han empezado a hacer las Cajas andaluzas con
la experiencia del Banco Europeo de Finanzas.

Además un modelo policéntrico evita los inconvenientes clásicos de las fusiones
(duplicidad de oficinas, de personal, de cultura de empresa, en definitiva, de oferta),
garantiza la vinculación al territorio propia de las Cajas de Ahorros y abre un verdadero
abanico de oportunidades de mejora. Para ello es necesaria una estrategia en la que
lo profesional prime sobre lo político y en la que el sector público asuma un papel de facilitador de la construcción del nuevo modelo. Siguiendo la conocida metáfora de
OSBORNE-GAEBLER, el gobierno puede “llevar el timón”, pero son las Cajas quienes
tienen que “remar”. El protagonismo corresponde a los Consejos de Administración.
En ellos se da una verdadera representación de la sociedad a la que sirven:
impositores, empleados, entidades sociales de todo tipo y, por supuesto, también el
sector público. Sobran medios y capacidad para diseñar las mejoras estrategias, para
hacer las mejores propuestas.

La defensa del modelo de Cajas de Ahorros no es un objetivo idealista, las Cajas no
son un fin es sí mismas, son sólo un instrumento al servicio de determinados fines de
interés general. Su defensa es la defensa de esos fines públicos. Perdiendo las Cajas
(por cambios en su identidad, por absorción, manipulación, quiebra, por cualquier otra
causa) estamos perdiendo una institución que el mercado no podrá sustituir. Alguien
debe pensar en las Cajas.

Así lo explicaba un reconocido experto en la materia como JACK REVELL, aquí en
Almuñécar, hace sólo algunos años: “aquellas Cajas de Ahorros a las que se les ha
permitido conservar su identidad, incluidas las españolas, afrontan retos que creo que
serán capaces de superar, pero otras, excepto unas pocas de pequeño tamaño en
otros países, parecen destinadas a perder no sólo su identidad sino también su propia
existencia”.

Pablo Hervás Clivillés. Licenciado en Derecho.

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Crónica de una muerte anunciada

Comentario bibliografico de: “Crónica de una muerte anunciada: reestructuración y ocaso de las cajas de ahorro españolas”, Ana Belén Casares Marcos. Revista jurídica de Castilla y León, ISSN 1696-6759 Nº 25, 2011, págs. 219-290.

La crisis económica y los cambios normativos dados por el legislador como respuesta a la misma, han llevado a las Cajas de Ahorros a un punto de no retorno hacia su desaparición.

La autora afirma que la ambigüedad de la naturaleza jurídica de las Cajas es un aspecto clave, porque de esa naturaleza dependen el grado de intervención de los poderes públicos, la autonomía de la entidad y su dimensión social. A la falta de voluntad del legislador español para redactar una Ley general sobre Cajas, se suma la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, lejos de dar una respuesta, ha oscurecido aún más la delimitación de la naturaleza de las Cajas. Para CASARES MARCOS, ambos actores han insistido en negar la evidencia de que las Cajas se ajustan perfectamente a la categoría de “fundación-empresa”.

Para la autora, la indefinición legal es premeditada y llega a hablar de “asalto de los poderes públicos a las Cajas”. Los gobiernos siempre han estado muy cerca de las Cajas, es un rasgo que forma parte de su historia, pero, desde el inicio de la democracia, se ha producido una auténtica confusión entre el necesario tutelaje y la propiedad de las mismas.

La reacción del legislador a la crisis de 2008 se produce con el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. La norma supone un auténtico “menu a la carta” de formas organizativas e institucionales, que desembocan basicamente en la “bancarización” de las Cajas (entrada de capital privado) y en la consiguiente desaparación del modelo.

El marco impuesto por el Decreto 11/2010 y la experiencia vivida en los paises de nuestro entorno (sobre todo en Italia) presagian un escenario de fundaciones desprovistas de cualquier actividad empresarial y cuya participación en la entidad de crédito es cada vez menor.

Además de adaptar la organización de las Cajas a las distintas posibilidades abiertas, el Decreto también retoma las cuotas participativas como recurso fundamental para el fortalecimiento de los fondos propios e incide en la necesaria profesionalización (despolitización) de sus órganos de gobierno.

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